Los recursos de las principales patronales llevan al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a frenar cautelarmente una licitación de 604,8 millones de euros mientras revisa las condiciones del contrato
El concurso para gestionar los viajes del Estado ha quedado suspendido de forma cautelar después de los recursos presentados por varias organizaciones representativas de las agencias de viajes contra los nuevos pliegos de contratación. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha acordado paralizar el procedimiento mientras analiza las impugnaciones.
La decisión afecta a una licitación valorada en 604,8 millones de euros destinada a cubrir la gestión de desplazamientos y estancias de ministerios y otros organismos de la Administración General del Estado. La suspensión vuelve a retrasar la renovación de uno de los mayores contratos públicos vinculados al sector de los viajes en España.
GEBTA, CEAV y UNAV-FETAVE habían recurrido diferentes aspectos de las condiciones establecidas por la Administración. Las asociaciones cuestionan requisitos económicos y operativos que, a su juicio, pueden afectar a la competencia entre agencias, así como a la viabilidad de la prestación del servicio.
Los viajes del Estado seguirán en manos de los actuales adjudicatarios
La medida cautelar adoptada por el TACRC impide que el procedimiento de contratación continúe hasta que el organismo se pronuncie sobre los recursos.
Mientras tanto, los actuales adjudicatarios de los diferentes lotes seguirán prestando previsiblemente el servicio de gestión de los viajes del Estado, de acuerdo con el sistema de continuidad establecido por la Administración.
El contrato actualmente vigente ya había sido objeto de una prórroga extraordinaria desde el pasado 22 de abril hasta la entrada en vigor de la nueva adjudicación, con un límite máximo de nueve meses.
El servicio centralizado cubre las necesidades relacionadas con viajes, desplazamientos y alojamientos de distintos departamentos ministeriales y organismos dependientes de la Administración General del Estado.
La nueva licitación fue publicada en agosto y el plazo para presentar ofertas terminó el 16 de septiembre, después de que las principales organizaciones de agencias de viajes hubieran formulado objeciones a las condiciones del concurso.
Las agencias cuestionan las condiciones económicas del contrato
El recurso presentado por GEBTA concentra una parte importante de sus objeciones en la estructura económica de la licitación.
Costes, descuentos y rentabilidad de las agencias
La organización cuestiona la justificación de determinados costes incluidos en los pliegos, así como algunos descuentos exigidos sobre tarifas aéreas y otras prestaciones vinculadas a la gestión de los viajes del Estado.
Según la argumentación planteada por la asociación, algunas condiciones podrían provocar que las agencias tuvieran que ofrecer determinados servicios a precios insuficientes para cubrir los costes reales de la operación.
La cuestión resulta especialmente relevante en un contrato que requiere capacidad tecnológica, atención permanente, gestión de reservas, modificaciones, cancelaciones y respuesta ante incidencias en desplazamientos nacionales e internacionales.
Las exigencias operativas también centran los recursos
Las condiciones económicas no son el único elemento cuestionado. Las asociaciones del sector también han planteado reparos sobre varias obligaciones operativas incorporadas al concurso.
GEBTA sostiene que algunos requisitos dependen directamente del funcionamiento de proveedores de transporte o de terceros y, por tanto, no siempre pueden ser garantizados por las agencias encargadas de gestionar los desplazamientos.
El recurso también cuestiona obligaciones que llevan aparejadas penalizaciones en caso de incumplimiento y determinadas cláusulas que podrían afectar a ámbitos regulados por normativas específicas.
Protección de datos, seguros e IATA
Entre las materias señaladas aparecen requisitos relacionados con la protección de datos, los seguros y determinadas normas vinculadas a la actividad de las compañías aéreas y a la regulación de IATA.
Las asociaciones consideran necesario revisar estos puntos para delimitar correctamente las responsabilidades de las agencias dentro de un contrato en el que intervienen numerosos proveedores y operadores externos.
Segundo intento para renovar el contrato de viajes del Estado
La suspensión supone un nuevo obstáculo para la renovación del sistema centralizado de viajes del Estado.
El actual procedimiento constituye el segundo intento de la Administración para adjudicar el contrato. La licitación anterior también fue recurrida por GEBTA, que puso en cuestión aspectos relacionados con los principios de proporcionalidad, libre concurrencia e igualdad de trato.
Aquel proceso terminó sin ofertas. Ninguna empresa concurrió finalmente al procedimiento y el concurso fue declarado desierto en noviembre de 2025.
Tras ese desenlace, las principales organizaciones de agencias trasladaron a la Administración su disposición a colaborar en la elaboración de unas nuevas condiciones que facilitaran la participación empresarial y garantizaran al mismo tiempo la prestación del servicio.
Sin embargo, los nuevos pliegos publicados este verano han vuelto a generar discrepancias entre la Administración y el sector.
La suspensión no supone la anulación de los pliegos
La decisión del TACRC tiene carácter cautelar y no significa que el Tribunal haya aceptado las reclamaciones presentadas por las agencias ni que los pliegos de los viajes del Estado hayan quedado anulados.
El organismo deberá estudiar ahora el contenido de los recursos y pronunciarse sobre el fondo de las impugnaciones.
Hasta que se produzca esa resolución, el procedimiento permanecerá paralizado y la prestación del servicio continuará bajo las condiciones actualmente vigentes.
Si el Tribunal estimara alguno de los recursos y obligara a modificar aspectos sustanciales de los pliegos, la Administración podría verse forzada a revisar las condiciones e incluso a iniciar un nuevo procedimiento de contratación.
La resolución será determinante para conocer si la licitación de 604,8 millones de euros puede reanudarse en sus términos actuales o si el contrato de viajes del Estado deberá afrontar una nueva reformulación antes de que las agencias puedan competir por su adjudicación.
