Hugo Castaño asume provisionalmente las riendas de la aerolínea mientras la SEPI negocia un nuevo calendario para la devolución de las ayudas públicas
Plus Ultra afronta una profunda remodelación de su cúpula directiva en plena investigación judicial sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en marzo de 2021. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado, Roberto Roselli, han presentado su dimisión tras quedar investigados en las diligencias que instruye la Audiencia Nacional.
La salida de los dos máximos responsables abre una nueva etapa en Plus Ultra. Según fuentes del entorno empresarial, el accionista minoritario Hugo Castaño ha asumido provisionalmente la dirección ejecutiva y queda a la espera de ser ratificado como presidente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI.
El relevo se produce mientras la aerolínea negocia con el organismo público un plan de viabilidad y un nuevo calendario de amortización de los préstamos recibidos durante la pandemia.
Plus Ultra negocia la devolución de los 53 millones del rescate
La ayuda concedida a Plus Ultra procedió del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dependiente de la SEPI. El paquete financiero se dividió en un crédito ordinario de 19 millones de euros y otro participativo de 34 millones.
Las conversaciones entre la compañía y la SEPI se intensificaron después de que la aerolínea incumpliera en marzo el primer compromiso de devolución correspondiente al préstamo ordinario. Ambas partes tratan ahora de acordar nuevos hitos de amortización que permitan garantizar la continuidad de la empresa y recuperar los fondos públicos.
El rescate de Plus Ultra forma parte de la investigación dirigida por el juez José Luis Calama. La causa analiza la tramitación de la ayuda y la posible existencia de influencias externas para acelerar su aprobación.
Entre las personas investigadas figura el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ante los indicios de una posible intervención en las gestiones realizadas para obtener la financiación. Zapatero ha negado haber hablado con responsables de la SEPI sobre la concesión de la ayuda a la aerolínea.
Los antiguos directivos fueron detenidos en diciembre de 2025
Julio Martínez Sola y Roberto Roselli fueron detenidos en diciembre de 2025 por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en una operación promovida por la Fiscalía Anticorrupción. Ambos quedaron en libertad después de prestar declaración.
La investigación examina posibles operaciones de blanqueo de capitales y el destino de parte de los fondos públicos recibidos por Plus Ultra. Las diligencias también tratan de determinar si una parte del dinero pudo utilizarse para devolver préstamos vinculados a sociedades relacionadas con personas investigadas por el presunto blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
Martínez Sola ha presentado un escrito ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia en el que manifiesta su voluntad de colaborar con la Justicia. En el documento expone la relación contractual de la aerolínea con una consultora vinculada al empresario Julio Martínez Martínez, cercano al expresidente Zapatero.
Una comisión de 530.000 euros vinculada al rescate
Según el escrito presentado por el expresidente de Plus Ultra, la aerolínea acordó pagar una comisión equivalente al 1% del importe del rescate. La cantidad ascendió a 530.000 euros y fue canalizada a través de las sociedades Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe, vinculadas a Julio Martínez Martínez.
El empresario ha declarado ante la Audiencia Nacional sobre las gestiones realizadas para facilitar la financiación pública, aunque no habría precisado el alcance concreto de la eventual participación de Zapatero.
El primer contacto entre Martínez Sola y el expresidente del Gobierno se habría producido en abril de 2020. La ayuda fue aprobada once meses después, en marzo de 2021.
Plus Ultra fue una de las seis aerolíneas que recibieron financiación del fondo público destinado a empresas estratégicas. En conjunto, el mecanismo distribuyó 890 millones de euros entre compañías aéreas afectadas por el desplome del tráfico, las restricciones a la movilidad y el cierre de fronteras durante la pandemia.
Las condiciones que permitieron rescatar a Plus Ultra
Para recibir los 53 millones de euros, Plus Ultra debía acreditar que había llegado a 2020 en situación de equilibrio patrimonial y que no mantenía deudas exigibles con la Administración.
La aerolínea, que entonces operaba con cuatro aviones en régimen de alquiler, superó el requisito patrimonial al contabilizar como patrimonio un préstamo participativo previo de 6,3 millones de euros. Con esa operación, su patrimonio neto quedó por encima de la mitad del capital social suscrito, con una proporción del 63%, lo que permitió evitar una causa legal de disolución.
La compañía también obtuvo un aplazamiento de cuotas con la Seguridad Social. Zapatero ha rechazado haber intervenido ante el entonces ministro José Luis Escrivá para facilitar esa decisión.
Antes de la pandemia, Plus Ultra había acumulado pérdidas de manera continuada. Registró números rojos de 900.000 euros en su primer ejercicio, 700.000 euros en 2016, 6,7 millones en 2017, 2,1 millones en 2018 y 2,8 millones en 2019. Su plan de negocio contemplaba alcanzar beneficios en 2020, una previsión que quedó frustrada por la crisis sanitaria.
Informes favorables y revisión de los organismos públicos
La consideración del transporte aéreo como actividad estratégica fue otro de los factores que permitió a Plus Ultra acceder al respaldo del Estado. La Dirección General de Aviación Civil y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea emitieron informes favorables sobre la viabilidad de la compañía antes de la pandemia.
En el análisis de la operación participaron Deloitte y DC Advisory como asesoras de la SEPI, mientras que PwC elaboró el plan de viabilidad de la aerolínea.
Los créditos también fueron revisados por el Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la Administración del Estado, la Oficina Nacional de Contabilidad y la Comisión Europea. Ninguno de estos organismos formuló objeciones que impidieran la concesión de la ayuda.
La Audiencia Nacional investiga el destino del dinero público
Una de las principales líneas de investigación se centra en el uso de los fondos entregados a Plus Ultra en 2021. Los investigadores analizan los vínculos de algunos accionistas de la compañía, entre ellos Rodolfo José Reyes Rojas y Raif El Arigie Harbie, con el entorno del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
También se examinan pagos realizados a Petróleos de Venezuela, empresa con la que Plus Ultra mantenía una deuda anterior a la pandemia.
Investigaciones desarrolladas en Francia y Suiza detectaron un presunto entramado de blanqueo de capitales que terminó impulsando las detenciones de Martínez Sola y Roselli. La Justicia trata de esclarecer si la aerolínea destinó una parte de la financiación pública a devolver préstamos concedidos por sociedades vinculadas a investigados por el blanqueo de fondos venezolanos.
Plus Ultra denuncia presuntas irregularidades en Venezuela
Martínez Sola y Roselli aseguraron haber tomado el control efectivo de Plus Ultra en octubre de 2025. Según su versión, a partir de ese momento detectaron graves irregularidades relacionadas con la gestión de fondos de la aerolínea en Venezuela.
La compañía ha denunciado a Rodolfo Reyes y Raif El Arigie por el supuesto uso no autorizado de fondos depositados en una cuenta de Plus Ultra en Banco Plaza en diciembre de 2025. La empresa también presentó nuevas denuncias en junio y julio por una presunta apropiación de dinero cometida entre 2022 y 2025.
Estas actuaciones forman parte de la estrategia de defensa de la antigua dirección, que sostiene que las irregularidades investigadas se produjeron antes de que Martínez Sola y Roselli asumieran el control de la compañía.
Una aerolínea con una presencia limitada en el mercado español
Plus Ultra fue fundada en 2015 por Julio Martínez Sola, conocido previamente en el sector aéreo por haber participado en la creación de Air Madrid.
En el momento de recibir el rescate, la compañía ocupaba la undécima posición por tráfico de pasajeros entre las veinte principales aerolíneas españolas con licencia de tipo A, que permite transportar pasajeros, carga y correo con aeronaves de más de diez toneladas o veinte asientos.
Su actividad tenía especial relevancia en las conexiones entre España y Venezuela, donde alcanzaba una cuota de mercado del 19%. Sin embargo, su peso global era reducido: representaba el 1,6% del tráfico aéreo entre España y Latinoamérica y apenas el 0,1% del transporte total con origen o destino en el país.
La dimisión del presidente y del CEO deja ahora a Plus Ultra ante un escenario decisivo. La aerolínea deberá afrontar simultáneamente la reestructuración de su dirección, la negociación de sus obligaciones financieras con la SEPI y el avance de una investigación judicial que continúa analizando tanto la concesión del rescate como el destino final del dinero público.
