El tribunal de Hacienda paraliza el proceso tras admitir los recursos de varias asociaciones de pymes del transporte por carretera
La licitación impulsada por Renfe para crear una nueva empresa de autobuses ha quedado suspendida de forma cautelar por decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. La medida frena, al menos de forma temporal, uno de los proyectos con los que la operadora pública buscaba reforzar su capacidad para prestar servicios alternativos al tren durante obras e incidencias en la red ferroviaria.
La paralización llega después de que el tribunal admitiera a trámite los recursos presentados por varias asociaciones del sector del transporte de viajeros por carretera, entre ellas Direbús, Anetra y Fenadismer. Estas entidades, que agrupan principalmente a pequeñas y medianas empresas, denuncian que las condiciones fijadas por Renfe en el concurso limitan la libre competencia y dejan fuera a la mayor parte del mercado.
Hacienda justifica la suspensión para evitar daños de difícil reparación
El TACRC ha acordado la suspensión cautelar de la licitación al apreciar la necesidad de evitar posibles “perjuicios de difícil o imposible reparación” mientras analiza el fondo de los recursos. La decisión detiene un proceso que apenas había superado el cierre del plazo de presentación de ofertas y que ya había despertado una fuerte contestación entre las pymes del sector.
Las asociaciones critican unas exigencias que consideran excluyentes
El núcleo de la disputa se encuentra en los criterios de solvencia exigidos en la licitación. Según las asociaciones recurrentes, Renfe fijó unas condiciones que solo pueden cumplir un número muy reducido de grandes operadores. Entre los requisitos cuestionados figuran una facturación mínima de 75 millones de euros y una flota de al menos 500 autobuses en propiedad, o de 300 vehículos en caso de concurrir mediante una unión temporal de empresas.
Las entidades que han recurrido sostienen que esas condiciones dejan fuera a la inmensa mayoría de compañías del transporte por carretera en España. De acuerdo con sus estimaciones, solo entre 10 y 11 empresas de un universo superior a 2.000 estarían en condiciones de optar al contrato.
Renfe quería una sociedad mixta para cubrir servicios alternativos al tren
El proyecto diseñado por Renfe contemplaba la constitución de una nueva sociedad participada en un 49% por la operadora pública y en un 51% por un socio privado. El objetivo de esa empresa de autobuses era atender necesidades propias de la compañía, especialmente en los llamados planes alternativos de transporte (PAT), que se activan cuando el servicio ferroviario se ve afectado por obras, cortes o incidencias.
La previsión de Renfe apunta a una demanda creciente de este tipo de servicios. La operadora calcula que necesitará entre 200 y 300 autobuses diarios en los próximos años, con picos que podrían alcanzar las 400 unidades, en buena medida por las actuaciones previstas en la red ferroviaria por parte de Adif.
Grandes grupos frente a pequeñas empresas del sector
La licitación había despertado el interés de grandes firmas del transporte de viajeros por carretera, como Alsa, Avanza y Monbus, mejor situadas para cumplir con las exigencias incluidas en el pliego. En cambio, las asociaciones de pymes consideran que el modelo planteado consolida una barrera de entrada que concentra el negocio en muy pocas manos.
Direbús ha valorado positivamente la decisión adoptada por el tribunal de Hacienda y la considera un paso relevante para evitar un perjuicio grave al conjunto del sector. La asociación reclama ahora a Renfe que reconsidere el diseño del concurso y plantea una nueva licitación dividida en lotes, una fórmula que, a su juicio, permitiría una mayor participación de empresas medianas y pequeñas.
Su presidente, Alfonso Taborda, ha sido especialmente crítico con los criterios establecidos al subrayar que la mayoría de compañías asociadas operan con entre 20 y 60 vehículos y que muy pocas superan los 80 autobuses dentro de una misma sociedad. Desde esa perspectiva, exigir un mínimo de 300 vehículos favorece, según denuncia, a un grupo muy reducido de grandes operadores.
Renfe defiende el proyecto por el encarecimiento del mercado de autobuses
Frente a las críticas, Renfe sostiene que esta iniciativa responde a las dificultades crecientes para contratar servicios alternativos de transporte por carretera en el mercado. La empresa pública argumenta que muchos concursos quedan desiertos o terminan adjudicándose a precios elevados, en un contexto en el que el coste de los autobuses para cubrir incidencias ferroviarias se ha incrementado de forma notable en los últimos años.
La creación de una estructura propia, aunque compartida con un socio privado, buscaba precisamente dar estabilidad a esa cobertura operativa y asegurar recursos suficientes para responder a futuras necesidades.
Qué puede pasar ahora con la licitación de Renfe
Con la suspensión cautelar ya en vigor, el siguiente paso corresponde al TACRC, que deberá resolver sobre el fondo de los recursos presentados. El tribunal tendrá que decidir si la licitación de Renfe puede continuar en sus términos actuales o si, por el contrario, debe ser modificada para corregir los aspectos cuestionados por las asociaciones del sector.
Hasta entonces, el plan para poner en marcha una nueva empresa de autobuses queda congelado. La decisión de Hacienda abre así un nuevo frente en el debate sobre cómo debe organizarse la contratación del transporte alternativo al tren y hasta qué punto los grandes concursos públicos garantizan una competencia real dentro del mercado.
