La Comisión Europea calcula que el tipo del 10% aplicado a la hostelería supone un coste anual cercano a los 7.000 millones de euros
La Comisión Europea ha puesto el foco en uno de los sectores clave de la economía española: la hostelería. Bruselas recomienda a España limitar el uso de los tipos reducidos del IVA y señala de forma expresa a hoteles y restaurantes, actualmente gravados al 10%, por su elevado coste presupuestario y su limitado efecto redistributivo.
Según el ejecutivo comunitario, mantener este tipo reducido en la hostelería supone para las arcas públicas españolas un impacto equivalente al 0,4% del PIB, lo que se traduce en casi 7.000 millones de euros anuales que el Estado deja de recaudar. La Comisión sostiene que estos beneficios fiscales favorecen en mayor medida a las rentas altas, al ser las que más consumen este tipo de servicios, mientras que su efecto sobre los hogares con menor renta sería reducido.
La hostelería advierte de un impacto “catastrófico”
La recomendación de Bruselas ha provocado una rápida respuesta del sector. La hostelería advierte de que elevar el IVA del 10% al tipo general del 21% tendría consecuencias “catastróficas” para empresas, autónomos y trabajadores. Los representantes del sector alertan de que una subida de esta magnitud encarecería precios, reduciría el consumo y pondría en riesgo miles de empleos.
El sector recuerda además los precedentes de Portugal e Irlanda, donde se aplicaron incrementos similares durante la crisis de 2012. Según los afectados, aquellas medidas tuvieron efectos negativos sobre la actividad turística y hostelera, hasta el punto de que terminaron siendo revertidas.
Bruselas pide revisar los beneficios fiscales
En su análisis, la Comisión Europea señala que los ingresos procedentes de impuestos sobre el consumo y medioambientales en España siguen por debajo de la media comunitaria, tanto en porcentaje del PIB como en peso dentro del conjunto de la recaudación. Al mismo tiempo, advierte de que la tributación sobre el trabajo ha aumentado durante la última década.
Por ello, Bruselas plantea revisar determinados beneficios fiscales y reducir el uso de tipos reducidos de IVA en aquellos ámbitos donde considera que el impacto social es limitado. Entre las categorías destacadas figuran especialmente los restaurantes y los servicios de alojamiento, dos actividades esenciales para la economía española y particularmente vinculadas al turismo.
La recomendación abre un nuevo frente fiscal para el Gobierno y para un sector que defiende su papel estratégico en el empleo, la actividad económica y la competitividad turística de España.
