El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha ordenado a Airbnb bloquear 65.935 anuncios de viviendas turísticas que operan de forma ilegal en su plataforma. Esta medida, que afecta exclusivamente a viviendas completas y no a habitaciones individuales, se produce tras detectar que estos anuncios contravienen la normativa vigente en seis comunidades autónomas: Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco.
La presente resolución constituye la cuarta acción administrativa contra Airbnb en los últimos meses. Aunque la compañía ha recurrido las anteriores resoluciones ante la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya se ha pronunciado sobre la primera de ellas, avalando las actuaciones de Consumo y obligando a la plataforma a retirar 5.800 anuncios «de manera inmediata».
Tres infracciones principales detectadas en los anuncios de Airbnb
Según el comunicado ministerial, los anuncios incumplen la normativa por tres motivos fundamentales:
- Ausencia del número de licencia o registro obligatorio según las normativas autonómicas, siendo esta la infracción más común.
- Falta de información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, no especifican si son particulares o profesionales, un dato que el Ministerio considera «fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no».
- Números de licencia incorrectos que no se corresponden con los expedidos por las autoridades competentes, lo que puede inducir a «error o engaño» a los consumidores.
Una campaña más amplia contra los alojamientos turísticos ilegales de Airbnb
Esta acción se enmarca en una campaña más amplia del Ministerio de Consumo para regular el sector de los alojamientos turísticos. El ministro Bustinduy ha manifestado en repetidas ocasiones que su objetivo es «acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada» en este ámbito, así como favorecer el acceso a la vivienda y proteger los derechos de los consumidores.
En los últimos meses, el Ministerio ha emprendido diversas acciones en esta línea:
- En diciembre de 2024, la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador a otra plataforma de alquiler turístico por incumplir la normativa sobre publicidad del número de licencia.
- En febrero de 2025, se iniciaron expedientes contra grandes gestoras por no indicar la naturaleza jurídica del arrendador.
- En marzo, el Ministerio envió al Ayuntamiento de Madrid un listado con 15.200 pisos turísticos que operaban ilegalmente en la ciudad, exigiendo al alcalde José Luis Martínez Almeida que tomara «acciones para el cese de su actividad».
Implicaciones para el mercado inmobiliario y el turismo
Esta medida podría tener importantes consecuencias para el mercado del alquiler en España, especialmente en las grandes ciudades y zonas turísticas donde la proliferación de pisos turísticos ha contribuido al aumento de los precios de la vivienda.
La resolución de Consumo llega en un momento de intenso debate público sobre la regulación del alquiler turístico y su impacto en el acceso a la vivienda. Diversas ciudades españolas han implementado ya restricciones a este tipo de alojamientos, mientras que asociaciones vecinales y plataformas ciudadanas reclaman medidas más contundentes.
Airbnb, por su parte, deberá cumplir con la resolución judicial y retirar los anuncios señalados, lo que podría afectar significativamente a su oferta en España, uno de sus principales mercados en Europa.
