Una encuesta de FEVITUR revela que el 38% de las viviendas de uso turístico inscritas legalmente en registros autonómicos no ha podido obtener el número de registro estatal, lo que supone la exclusión de más de 64.000 VUT del mercado debido a requisitos impuestos por los Registradores de España.
Según una reciente encuesta nacional realizada por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR), en la que han participado 169.315 viviendas de uso turístico, el 38% de estas propiedades —aproximadamente 64.000 VUT— no ha podido obtener el número de registro estatal duplicado pese a estar inscritas legalmente en los registros autonómicos de turismo.
El 78% de las viviendas participantes en la encuesta pertenecen a pequeños propietarios y operadores que gestionan propiedades de pequeños propietarios, lo que evidencia el impacto directo sobre el segmento de propietarios particulares.
Registro estatal: una barrera administrativa para viviendas legales
Silvia Blasco, presidenta de FEVITUR y de la Asociación de Viviendas Turísticas de la Comunidad Valenciana (APTUR CV), denuncia que «la causa no es el incumplimiento de los requisitos legales autonómicos, únicos competentes en materia de turismo, sino el no cumplimiento de requisitos registrales impuestos por los Registradores de España, requisitos ajenos a la normativa turística y no exigidos por ninguna ley sectorial».
Según Blasco, estas viviendas de uso turístico siguen siendo plenamente legales conforme a la normativa autonómica y, pese a ello, han desaparecido de las plataformas digitales por efecto directo del Real Decreto 1312/2024.
«Se trata, por tanto, de una restricción artificial del acceso al mercado, que no combate la ilegalidad, sino que penaliza al operador legal, reduce la oferta disponible y genera inseguridad jurídica», afirma la presidenta de FEVITUR.
La caída de la oferta no se debe al cierre de viviendas ilegales
Blasco subraya que «la caída de la oferta turística celebrada públicamente desde diversos ámbitos no se explica por el cierre de viviendas ilegales, sino por una salida administrativa de vivienda plenamente legal».
Las recientes manifestaciones públicas a favor de la caída de la oferta de VUT en plataformas digitales «confunden conceptos básicos del mercado inmobiliario y conducen a conclusiones que no se sostienen ni económica ni jurídicamente», añade.
«Reducir anuncios online no equivale a crear vivienda, ni a abaratar precios, ni a resolver los problemas estructurales del acceso a la vivienda en España», explica Silvia Blasco.
El impacto marginal de las viviendas turísticas en el mercado inmobiliario
La patronal del sector explica que, desde un punto de vista económico, el mercado de la vivienda está compuesto por las viviendas que efectivamente se ponen en venta o en alquiler (largo o corto plazo) en un año concreto. Quedan fuera del mercado las viviendas vacías, las viviendas cerradas por inseguridad jurídica y las viviendas retiradas de toda actividad económica.
Datos del mercado inmobiliario español:
- España cuenta con 27 millones de viviendas construidas.
- En 2025 se registraron aproximadamente 700.000 compraventas escrituradas según el Colegio de Notarios.
- 3.937.200 viviendas alquiladas (el 20,4% de la población vive en régimen de alquiler).
- 787.440 viviendas entran al mercado de alquiler cada año (rotación media de 5 años por contrato).
- El mercado total de vivienda en 2025 (venta + alquiler) fue de 1.487.440 viviendas.
En 2025 se produjo una salida neta del uso turístico de 46.699 VUT, lo que representa tan solo un 2,3% del total de la oferta disponible para venta y alquiler, o un 0,17% del parque residencial construido.
Reducir anuncios no reduce precios: los datos contradicen el relato oficial
Sin embargo, lejos de bajar el precio del alquiler, en algunas zonas se ha tensionado más y, tanto el mercado de alquiler como el de compraventa han marcado nuevos máximos históricos de precios.
«A la vista de estas cifras contrastadas, es evidente que la retirada de VUT no ha generado ningún alivio medible para los inquilinos», señala Silvia Blasco, quien añade que el motivo es evidente: «su impacto es marginal frente al tamaño real del mercado inmobiliario».
«Queda claro que reducir anuncios online no equivale a crear vivienda, ni a abaratar precios, ni a resolver los problemas estructurales del acceso a la vivienda en España. En definitiva, menos anuncios en plataformas turísticas de alquiler no significa más vivienda», concluye.
Críticas al lobby hotelero y a la posición de Exceltur
Blasco ha puesto el foco en la posición de Exceltur, señalando que resulta significativo que este relato sea amplificado por el principal lobby hotelero.
«Celebrar la desaparición de un segmento legal del mercado no es apoyar una política de vivienda y tiene efectos negativos tanto para los consumidores como para la movilidad económica y laboral», afirma la presidenta de FEVITUR.
«Destruir sin construir no es política pública», sentencia Blasco, quien añade que «las medidas actuales destruyen actividad económica en destinos donde el alojamiento turístico es estratégico, reducen la oferta flexible necesaria para la movilidad humana, no crean vivienda nueva y no reducen precios».
FEVITUR exige la suspensión inmediata de la VAU 1560 y la adaptación del RD 1312/2024
Por todo ello, desde FEVITUR exigen la suspensión inmediata de la VAU 1560 y la adaptación urgente del Real Decreto 1312/2024, que no deja de ser un reglamento sin cobertura en una ley estatal habilitante y contrario al marco normativo de la Unión Europea.
La patronal mantiene su mano tendida para encontrar otras soluciones que acaben con esta inseguridad jurídica.
«Mantener este sistema supone impedir el acceso a las formas tradicionales de comercialización, generar discriminación entre modalidades alojativas y expulsar del mercado vivienda plenamente legal. Todos perdemos cuando la población flotante —turística y no turística— no puede acceder al mercado con las mismas garantías de seguridad jurídica que el resto de las modalidades alojativas», concluye Blasco.
Datos clave
- 64.000 viviendas turísticas legales han quedado excluidas del mercado por requisitos registrales ajenos a la normativa turística.
- La salida de 46.699 VUT de las plataformas representa solo el 0,17% del parque residencial construido.
- Los precios del alquiler y la compraventa han alcanzado máximos históricos pese a la reducción de la oferta turística.
- El Real Decreto 1312/2024 genera inseguridad jurídica y penaliza a operadores legales sin combatir la ilegalidad.
- FEVITUR exige la suspensión de la VAU 1560 y la revisión urgente del marco normativo.
