La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Hostelería de España han expresado su firme oposición a la propuesta gubernamental de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Ambas organizaciones consideran que esta medida supondrá una pérdida significativa de competitividad para el sector turístico español.
Un impacto económico millonario para el sector
Las cifras revelan la magnitud del desafío que enfrentaría la hostelería. El sector, que emplea a más de 1,8 millones de trabajadores, vería incrementados sus costes laborales en 2.538 millones de euros anuales. Esta cantidad se distribuiría entre las más de 300.000 empresas que conforman el tejido empresarial hostelero español.
El salario representa actualmente el 31% de la facturación anual de las empresas del sector. Durante los primeros nueve meses de 2024, estos costes ya experimentaron un incremento superior al 14,5%, situando el coste laboral medio por trabajador en 22.848 euros.
Reducción de ingresos y pérdida de productividad
La reducción del 6% en la jornada laboral tendría consecuencias directas sobre la facturación. En un sector donde la productividad está vinculada a la presencialidad, la disminución del tiempo de servicio supondría una caída del 3% en los ingresos, equivalente a 5.099 millones de euros anuales.
José Almeida, presidente de Hostelería de España, advierte sobre las implicaciones de esta medida: «Esta propuesta gubernamental, que vulnera la negociación colectiva entre sindicatos y empresarios, puede implicar un cambio de modelo de ocio en nuestro país». El dirigente empresarial señala que será necesario un reajuste de los horarios de apertura, lo que incrementará los costes y reducirá la competitividad.
Especial afectación a zonas rurales y microempresas
Las consecuencias serían particularmente graves para los establecimientos ubicados en zonas rurales, donde los negocios hosteleros desempeñan una función social clave y contribuyen al mantenimiento de la población. Almeida describe la situación como «la tormenta perfecta» que, combinada con los altos índices de incapacidad temporal, podría tener un «desenlace negativo» para muchas microempresas.
El presidente de Hostelería de España subraya que la medida necesitaría complementos como «flexibilización de jornada, nuevas formas de contratación o reducción de impuestos al trabajo» para evitar que lastre el empleo y la generación de riqueza.
Críticas al proceso de toma de decisiones
Jorge Marichal, presidente de CEHAT, critica la falta de diálogo social en la implementación de esta medida. «Se ha eliminado el espacio para el diálogo social y los acuerdos entre empresarios y trabajadores que han fortalecido el sector», afirma el dirigente hotelero.
Marichal considera que la reducción de jornada «no puede ser una decisión unilateral del Gobierno que ignore la realidad operativa de las empresas». Destaca que se trata de sectores donde «la flexibilidad y la estacionalidad son intrínsecas a la actividad» y reclama «políticas que impulsen la competitividad, no que la penalicen».
Impacto en la calidad del servicio al cliente
Ambas organizaciones advierten sobre las consecuencias negativas para los clientes, especialmente en establecimientos que ofrecen servicio las 24 horas. La imposibilidad de cubrir todos los turnos con la nueva jornada reducida limitará la disponibilidad de servicios en determinados horarios.
Esta situación afectará directamente a la experiencia del cliente, restringiendo el acceso a servicios esenciales y reduciendo la calidad del modelo de atención continuada que caracteriza al sector hostelero español.
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Llamamiento a la reflexión política y social
Los representantes del sector hacen un llamamiento tanto a la sociedad como a los partidos políticos para que consideren el impacto real de esta medida. En un contexto donde el sector ya enfrenta desafíos como la escasez de personal, la reducción de jornada podría agravar los problemas existentes.
La posición de CEHAT y Hostelería de España se alinea con la expresada por CEOE y CEPYME, mostrando un frente empresarial unido ante una medida que consideran perjudicial para el tejido empresarial, la economía y el empleo en España.
