El operador ferroviario estudia exigir responsabilidad patrimonial a ambas comunidades autónomas tras las pérdidas ocasionadas por la suspensión del servicio durante nueve días en agosto
La compañía ferroviaria Renfe está evaluando presentar una demanda de responsabilidad patrimonial contra las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León para reclamar tres millones de euros en concepto de pérdidas económicas. Esta medida surge tras la paralización forzosa del servicio de Alta Velocidad Española (AVE) entre Madrid y Galicia durante nueve días consecutivos el pasado mes de agosto.
Los incendios forestales paralizan el AVE Madrid-Galicia
La interrupción del servicio ferroviario se produjo como consecuencia directa de los graves incendios forestales que afectaron a ambas regiones durante el verano. Por motivos de seguridad y para facilitar las labores de extinción de los servicios de emergencia, fue necesario cortar el suministro eléctrico de las vías férreas, imposibilitando así la circulación de los trenes.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, fue quien anunció esta posible reclamación durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. La intervención parlamentaria fue solicitada por el Partido Popular, que demandaba explicaciones sobre lo que denominó «caos ferroviario».
Renfe y Adif suman pérdidas millonarias por los cortes
Según las declaraciones del ministro Puente, tanto Renfe como Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) han computado pérdidas conjuntas de tres millones de euros como resultado de esta paralización. El responsable de Transportes ha defendido que la falta de prevención adecuada por parte de los gobiernos autonómicos en materia de extinción de incendios tuvo consecuencias directas sobre la operativa ferroviaria.
Es importante destacar que la infraestructura ferroviaria no sufrió daños materiales durante los incendios. Sin embargo, la necesidad de facilitar las operaciones de los medios aéreos de extinción obligó a mantener desconectado el suministro eléctrico de las vías, impidiendo cualquier tipo de circulación ferroviaria.
El transporte alternativo en carretera resultó inviable
Durante su intervención parlamentaria, el ministro Puente respondió a las críticas de la oposición sobre la ausencia de un plan alternativo con autobuses. Según explicó, aunque el primer día se intentó establecer esta alternativa, las propias carreteras también se encontraban afectadas por los incendios, imposibilitando el transporte por vía terrestre.
Además, Puente subrayó la complejidad logística que supondría trasladar por carretera a todos los pasajeros del AVE Madrid-Galicia. La línea transporta aproximadamente 70.000 viajeros semanales, con una capacidad de 500 pasajeros por tren, lo que requeriría desplegar aproximadamente diez autobuses por cada convoy ferroviario.
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Implicaciones para las comunidades autónomas
Esta potencial reclamación de responsabilidad patrimonial podría sentar un precedente importante en las relaciones entre las administraciones central y autonómicas en materia de gestión de emergencias y sus consecuencias sobre los servicios públicos de transporte.
Las comunidades de Galicia y Castilla y León deberán ahora valorar su respuesta ante esta posible demanda, que cuestiona la efectividad de sus políticas de prevención y gestión de incendios forestales.
La decisión final de Renfe sobre la presentación formal de esta reclamación se conocerá en las próximas semanas, una vez completado el análisis jurídico y económico de las pérdidas ocasionadas durante esos nueve días de agosto.
