El Parlamento Europeo aprueba con 537 votos a favor la revisión de la directiva que regula las cancelaciones, los reembolsos y el uso de bonos de viaje
El Parlamento Europeo aprobó este jueves, 13 de marzo de 2026, la revisión de la directiva europea que protege a los consumidores que contratan paquetes turísticos. La Eurocámara respaldó el texto con 537 votos a favor, dos en contra y 24 abstenciones, lo que supone un apoyo casi unánime a una legislación que actualiza las normas vigentes para corregir las lagunas puestas en evidencia durante la pandemia de covid-19.
La directiva, ya acordada provisionalmente con los estados miembros de la UE, introduce cambios sustanciales en tres áreas clave: la definición de paquete turístico, el uso de bonos y cupones, y los plazos de cancelación y reembolso.
¿Qué se considera ahora un paquete turístico?
Una de las novedades más relevantes de la nueva legislación es la clarificación de qué combinaciones de servicios de viaje pueden considerarse un paquete turístico en el sentido jurídico del término. La norma abarca no solo los paquetes clásicos —vuelo más hotel, por ejemplo—, sino también combinaciones que incluyen alojamiento, alquiler de vehículos u otros servicios similares.
El criterio determinante será el momento y la forma en que se reserva la combinación de servicios. Así, en una compra en línea donde los procesos de reserva vinculados permiten combinar ofertas de distintos operadores, se considerará paquete turístico si el primer operador transmite los datos personales del viajero a los demás y el contrato para todos los servicios se cierra en un plazo de 24 horas. Asimismo, si el organizador invita al cliente a reservar servicios adicionales, deberá informarle con claridad de si estos quedan o no integrados en el paquete contratado.
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Nuevas reglas para los bonos y cupones de viaje
La crisis del covid generalizó el uso de vouchers como alternativa al reembolso en efectivo, una práctica que en muchos casos dejó a los consumidores en una posición de desventaja. La nueva directiva introduce por primera vez normas específicas para el uso de estos instrumentos.
Los consumidores tendrán derecho a rechazar un cupón y solicitar el reembolso en dinero en un plazo de 14 días. La validez máxima de los bonos quedará fijada en 12 meses, y las empresas estarán obligadas a devolver el importe de cualquier cupón no utilizado, ya sea total o parcialmente, o que haya vencido. Además, los operadores no podrán limitar la oferta de servicios disponibles para los titulares de cupones.
Cancelaciones sin coste y plazos de reembolso
La normativa vigente ya reconoce el derecho del viajero a cancelar sin penalización cuando se producen circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino. La revisión amplía esta protección a otros eventos imprevisibles que ocurran en el punto de partida o que afecten de forma importante al desarrollo del viaje. La valoración de si dichas circunstancias son lo suficientemente graves como para justificar una cancelación gratuita se realizará caso por caso, y las recomendaciones oficiales de viaje podrán utilizarse como referencia.
En cuanto a los plazos de reclamación, los organizadores deberán acusar recibo de cualquier queja en un plazo de siete días y ofrecer una respuesta razonada en un máximo de 60 días. El plazo habitual de 14 días para los reembolsos por cancelación se mantiene sin cambios. En caso de quiebra del organizador, los clientes recibirán el reintegro de los servicios cancelados en un máximo de seis meses, ampliables a nueve en los casos de mayor complejidad.
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Próximos pasos para la entrada en vigor
Antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE, el Consejo —integrado por los gobiernos de los estados miembros— deberá adoptar formalmente el texto. Una vez en vigor, los países de la UE dispondrán de 28 meses para trasladar las nuevas normas a su legislación nacional, más seis meses adicionales para comenzar a aplicarlas en la práctica.
La revisión de esta directiva responde a una demanda histórica del sector del consumo y del turismo. La pandemia expuso con claridad las insuficiencias del marco regulatorio anterior y aceleró un proceso legislativo que ahora culmina con una protección más amplia y predecible para millones de viajeros europeos.
