El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado a la plataforma de alquileres turísticos Airbnb con una multa de 64 millones de euros por publicar anuncios de viviendas sin la licencia correspondiente. Esta sanción se convierte en la segunda más elevada de la historia de España, solo superada por los 108 millones impuestos a Ryanair. La multa a Airbnb marca un precedente importante en la regulación del sector de alquileres turísticos en España. Esta sanción envía un mensaje claro: ninguna empresa, independientemente de su tamaño o poder, puede estar por encima de la ley española en materia de consumo y vivienda.
Motivos de la sanción a Airbnb
La resolución del Ministerio, que agota la vía administrativa tras resolver el recurso de alzada, identifica infracciones graves en más de 65.000 anuncios publicados en la plataforma. Las principales irregularidades detectadas incluyen:
- Publicación de alojamientos turísticos sin número de registro o licencia
- Uso de números de licencia falsos o incorrectos
- Falta de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones
- Prácticas comerciales desleales con los consumidores
El ministro Pablo Bustinduy ha destacado que esta medida refuerza el control frente a las prácticas abusivas en el sector de la vivienda, una prioridad del Ministerio. Según sus declaraciones, la sanción demuestra que ningún actor económico puede eludir sus obligaciones cuando los poderes públicos actúan con determinación.
Cálculo de la multa: seis veces el beneficio ilícito
La cuantía de 64.055.311 euros equivale a seis veces el beneficio ilícito que Airbnb obtuvo durante el período en que los anuncios irregulares permanecieron publicados. Este período se extiende desde el apercibimiento formulado por el Ministerio hasta la retirada de los contenidos por parte de la plataforma.
Bustinduy ha enfatizado que la empresa generó beneficios conociendo el carácter ilícito de estas prácticas y, aún así, no actuó para corregir la situación de manera inmediata.
Medidas accesorias: Eeliminación de contenidos y publicación de la sanción
Además de la multa económica, la resolución incluye dos sanciones accesorias que obligan a Airbnb a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos de su plataforma y haciendo pública la multa impuesta.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos judiciales.
Respuesta de Airbnb: recurso y cumplimiento normativo
En un comunicado oficial, Airbnb ha anunciado que recurrirá la sanción y defiende haber cumplido en todo momento con la normativa española sobre alquileres de corta duración.
La compañía destaca su colaboración con el Ministerio de Vivienda desde la entrada en vigor de la nueva normativa el pasado 1 de julio. Según sus datos, más de 70.000 anuncios han añadido el número de registro y permanecen disponibles en la plataforma.
Airbnb sostiene que debe ser regulada como un servicio de la sociedad de la información, y no como un agente inmobiliario, basándose en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2019.
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Contexto: la guerra contra las prácticas abusivas en vivienda
Esta sanción se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Ministerio para combatir las prácticas abusivas en el sector inmobiliario. Actualmente, se mantienen abiertos distintos expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles abusos contra inquilinos.
Recientemente, Consumo multó a la compañía Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por cobros irregulares a inquilinos. El ministro Bustinduy ha señalado que miles de familias viven al límite por problemas de vivienda, mientras algunos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares.
