La Comisión Europea prepara su primer plan comunitario para abordar la falta de vivienda asequible, con una propuesta que busca controlar plataformas como Airbnb en toda la UE.
Bruselas ha puesto el foco en uno de los problemas sociales más acuciantes del continente: la crisis de vivienda. La Comisión Europea trabaja en su primer plan comunitario para regular los alquileres turísticos y frenar el impacto de plataformas como Airbnb, que —según las autoridades europeas— encarecen los precios y expulsan a los residentes de los centros urbanos.
El anuncio llega tras el debate celebrado este jueves en el Consejo Europeo, donde los líderes comunitarios abordaron la escasez de vivienda asequible en toda la Unión. Aunque la vivienda es una competencia nacional, Bruselas considera necesario ofrecer herramientas comunes que permitan a los Estados miembros actuar de manera más eficaz.
Un registro europeo obligatorio para los pisos turísticos
La propuesta legislativa será presentada en diciembre y establecerá un marco común para la regulación de los alquileres de corta duración en toda la UE. Entre sus principales medidas figura la creación de un sistema de registro obligatorio para todas las viviendas destinadas al alquiler turístico, inspirado en el modelo español que entró en vigor en julio de 2025.
Este registro permitirá centralizar la información y mejorar la supervisión por parte de las autoridades nacionales y locales. Además, se exigirá a las plataformas de alquiler compartir datos con las administraciones públicas para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar el fraude.
El objetivo: frenar el impacto de Airbnb y otras plataformas
El auge de los alquileres turísticos ha sido identificado por Bruselas como un factor clave en la escalada de los precios de la vivienda en las grandes ciudades europeas. En urbes como París, Berlín o Barcelona, los pisos turísticos han reducido la oferta de vivienda habitual y encarecido el acceso a la vivienda para los residentes.
Con la nueva normativa, la Comisión Europea busca armonizar las reglas entre los Estados miembros, evitando que la falta de coordinación permita la proliferación de prácticas irregulares y contribuya a la expulsión de vecinos de sus barrios.
Dudas entre los Estados miembros, pero consenso en la urgencia
Algunos países, como Francia y Alemania, han mostrado reservas sobre la capacidad legal de Bruselas para intervenir en un ámbito tradicionalmente nacional. Sin embargo, la Comisión defiende que su papel no es imponer políticas de vivienda, sino facilitar herramientas y coordinar esfuerzos para combatir un problema que afecta a toda la Unión.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, impulsó el debate y subrayó la necesidad de una respuesta comunitaria ante la creciente presión social por la falta de vivienda asequible.
Más vivienda pública y financiación europea
Además de regular los alquileres turísticos, el plan europeo de vivienda contempla reforzar las ayudas públicas y promover nuevos programas de inversión junto al Banco Europeo de Inversiones (BEI). El objetivo es aumentar la construcción de vivienda pública y asequible en toda la Unión.
Estas medidas formarán parte de la agenda del Ejecutivo comunitario para 2026, en la que Bruselas pretende consolidar una estrategia común para garantizar el derecho a la vivienda y reducir la desigualdad urbana.
