Un manifiesto para reequilibrar el modelo turístico español
En el marco del reciente Tourism Innovation Summit (TIS) celebrado en Sevilla, trece comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas han firmado la denominada «Declaración de Sevilla. Por un Liderazgo Turístico basado en la Gobernanza y la Cohesión Territorial«, un documento que busca replantear el modelo de gestión turística en España y que ha recibido el respaldo de la Mesa del Turismo de España.
La Declaración, suscrita por Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Canarias, La Rioja, Región de Murcia, Ceuta y Melilla, surge como respuesta a lo que las comunidades consideran una ruptura del diálogo institucional y una ausencia de liderazgo por parte del Gobierno central en materia turística. Estas administraciones recuerdan que las comunidades autónomas ostentan las competencias exclusivas en materia de ordenación turística y gestión del territorio, y advierten de una “quiebra de la lealtad institucional” en la relación con el Gobierno central.
Siete pilares para un nuevo modelo
El documento articula su propuesta en siete puntos fundamentales que abordan desde la ruptura del diálogo institucional hasta la gestión aeroportuaria. Las comunidades firmantes denuncian que la Conferencia Sectorial de Turismo no se convoca desde diciembre de 2023 y critican la «inacción y falta de voz» del Ministerio de Industria y Turismo en decisiones estratégicas.
Uno de los aspectos más destacados de la Declaración es su rechazo frontal a vincular el turismo con la crisis de acceso a la vivienda. Los territorios firmantes califican este problema como «estructural y ajeno al turismo», responsabilizando del mismo al «fracaso de la Ley Estatal de Vivienda». Defienden que las Viviendas de Uso Turístico (VUT), cuando están correctamente reguladas por las autoridades autonómicas, «contribuyen a la revitalización de los centros urbanos» y no son la causa de los problemas habitacionales.
El documento también desmarca la cuestión de la masificación turística del propio sector, argumentando que el verdadero reto es «gestionar el crecimiento demográfico y económico» de los destinos turísticos como grandes generadores de empleo. Las comunidades atribuyen este fenómeno a «la ineficacia del Gobierno Central para frenar la migración interna desde la España vaciada».
Competencias y seguridad jurídica
En materia competencial, la Declaración exige el respeto absoluto a las competencias exclusivas autonómicas en ordenación turística y territorial. Específicamente, reclama la revisión inmediata del Real Decreto 1312/2024 sobre el Registro Único, al que acusan de duplicar funciones, invadir competencias e introducir «cargas burocráticas y económicas indebidas», llegando incluso a provocar «la revocación de títulos válidos».
Sobre conectividad, las comunidades rechazan lo que califican como «visión mercantilista» en la gestión de aeropuertos regionales y proponen una gestión conjunta con el Estado que favorezca «la desestacionalización y desconcentración de la demanda», además de facilitar la integración aeroportuaria con la red ferroviaria.
La adhesión de la Mesa del Turismo de España
El respaldo institucional a la Declaración de Sevilla se ha visto reforzado con la adhesión de la Mesa del Turismo de España, la principal asociación sectorial del país. Su presidente, Juan Molas, firmó el 27 de octubre el manifiesto de adhesión, comprometiéndose a apoyar las reivindicaciones recogidas en el documento institucional.
La Mesa del Turismo fundamenta su apoyo en datos contundentes sobre el desequilibrio territorial: solo seis comunidades autónomas —Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid— concentran 84,6 millones de turistas, el 90% del total de llegadas internacionales, mientras que las once comunidades restantes se reparten únicamente 9,2 millones.
«La desproporción es salvaje», afirma la Mesa del Turismo en su manifiesto, señalando que esta situación provoca que algunos destinos se resientan de la presión turística mientras «muchas regiones necesitan desesperadamente de la actividad turística como revulsivo capaz de reactivar su economía y fijar la población al territorio».
Desde su posición como defensor de los intereses generales del turismo español, la Mesa del Turismo considera prioritario «apoyar a todos los territorios españoles a progresar aprovechando las oportunidades que brinda el turismo», especialmente en aquellas comunidades donde debería ser «motor de crecimiento».
La Mesa del Turismo respalda la visión de las comunidades firmantes en varios puntos clave:
Equilibrio territorial. Reclama una política turística de Estado que incentive el desarrollo turístico en las regiones menos posicionadas, en lugar de limitarse a gestionar tensiones en los destinos maduros.
Seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. Defiende marcos normativos claros que den certidumbre a empresas y territorios, y critica la proliferación de decisiones “unilaterales” que, a su juicio, generan inseguridad.
Desestacionalización y desconcentración. Apuesta por políticas activas de conectividad —aérea, ferroviaria y de infraestructuras— que mejoren el acceso a destinos menos saturados, para repartir de manera más equilibrada los flujos turísticos internacionales a lo largo del año y del territorio.
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Un sector en el centro del debate
La Declaración de Sevilla llega en un momento de intenso debate social sobre el modelo turístico español. El documento reivindica el valor del sector como «principal motor económico y generador de empleo» del país y rechaza lo que considera un «discurso simplista y culpabilizador» que responsabiliza al turismo de problemas estructurales.
Las comunidades firmantes se comprometen a «facilitar el diálogo y colaboración en la gestión del crecimiento y la gobernanza multinivel» y exigen al Gobierno «el restablecimiento de los foros de cooperación y debate», reclamando que abandone «la política de anuncios vacíos» y deje de «alentar los movimientos sociales antiturismo».
Con España consolidada como segundo país del mundo que más turistas recibe —una potencia global del sector—, la Declaración de Sevilla plantea la necesidad de avanzar hacia «un modelo basado en la sostenibilidad, la calidad y la competitividad», donde el turismo sea «fuente de riqueza y bienestar, y no de desigualdad, para todos los territorios españoles».
