El Ayuntamiento veta cualquier nueva vivienda vacacional y blinda el techo actual para frenar la presión sobre el mercado residencial
Palma de Mallorca ha anunciado una de las medidas más restrictivas de España contra el alquiler turístico: el cierre total a nuevas licencias y la congelación del número de viviendas vacacionales en las 639 actualmente autorizadas. La decisión, adelantada por el alcalde Jaime Martínez (PP), se incorporará a una modificación del Plan General que se llevará a pleno en noviembre, con efecto retroactivo de tres meses para evitar una avalancha de solicitudes de última hora.
Un paquete integral contra la turistificación
La medida no viene sola. El Ayuntamiento palmesano ha aprobado un paquete más amplio que incluye el veto a nuevos albergues juveniles y la prohibición de las denominadas ‘party boats’ en el Paseo Marítimo. El mensaje político es claro: frenar la presión del turismo sobre la vivienda residencial y atajar la oferta irregular que desborda la capacidad de inspección municipal.
Este movimiento se suma a restricciones previas. En 2018, Palma ya prohibió el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, una decisión que fue respaldada por el Tribunal Supremo en 2023. Ahora, el Ayuntamiento da un paso más allá: el cierre afecta a todas las tipologías, incluidas viviendas unifamiliares y habitaciones, estableciendo un techo definitivo mientras se tramita la reforma urbanística completa.
Contexto autonómico: tensión con el decreto del Govern
La decisión municipal se produce en un momento de debate intenso en Baleares sobre el modelo turístico. El Decreto-ley 4/2025 del Govern balear permitió «rescatar» 90.000 plazas de alquiler vacacional que estaban condenadas a extinguirse, una medida muy contestada por el sector hotelero. Ese marco regional incluye también una cláusula que bloquea nuevas declaraciones en determinados supuestos.
Ahora, el cerrojo municipal de Palma deberá convivir con la normativa autonómica, lo que augura tensiones jurídicas y operativas en la aplicación práctica de ambas regulaciones.
Los datos justifican la medida, según Cort
El Ayuntamiento fundamenta su decisión en cifras que evidencian cierta eficacia del control. Según datos de Exceltur citados por el consistorio, el alquiler vacacional habría caído un 18% en Palma en los dos últimos años, frente a un descenso del 3,7% a escala nacional.
La lectura municipal es que endurecer las normas acelera la normalización del mercado de vivienda a largo plazo. Sin embargo, el sector turístico advierte que estas restricciones pueden consolidar la actividad ilegal y alimentar la economía sumergida si no se acompañan de inspección y sanción eficaces.
El Ayuntamiento busca blindar jurídicamente su estrategia: no habrá reposición de licencias si alguna de las 639 se da de baja, y la retroactividad de tres meses neutraliza cualquier ‘efecto llamada’.
El reto de la ejecución
La verdadera prueba de la medida será su ejecución. Con plataformas digitales que adaptan constantemente su operativa y una compleja red de declaraciones responsables y establecimientos turísticos heredados, el éxito del veto dependerá de varios factores: capacidad inspectora reforzada, cruce de datos con portales digitales, convenios de ‘notice and action’ con plataformas y un régimen sancionador disuasorio.
La experiencia reciente en la isla advierte sobre posibles efectos indeseados. Las 90.000 plazas «regularizadas» por el Govern, lejos de reducirse, afloraron y se intercambiaron entre propietarios, según informó la prensa local. En ese contexto, Palma intenta cortar el grifo a futuro mientras ordena el legado inmediato.
Palma, en la vanguardia europea del control turístico
En el panorama europeo, la capital balear se sitúa entre las ciudades más restrictivas frente al alquiler turístico. Barcelona, por ejemplo, ha optado por no renovar licencias de pisos turísticos a medio plazo. Palma va más allá: cierra ya el paso a nuevas altas y congela el censo existente, extendiendo además la prohibición a todas las tipologías, no solo pisos.
Este enfoque busca evitar efectos de sustitución hacia viviendas unifamiliares o habitaciones. El paquete sobre albergues y fiestas en barcos completa el mensaje: contener el turismo de bajo precio y alto impacto que tensiona la convivencia y los servicios urbanos.
Incógnitas jurídicas y políticas
A pesar de la determinación municipal, quedan varias incógnitas. La tramitación urbanística puede recibir alegaciones e incluso recursos de operadores y plataformas digitales. La coordinación con el decreto autonómico será clave para no generar inseguridad jurídica. Y el Ayuntamiento deberá demostrar que el cierre mejora realmente el acceso a la vivienda sin desviar la actividad hacia la clandestinidad.
Con estas reservas, el movimiento de Palma representa hoy la señal más ambiciosa en España contra la turistificación residencial: cortar la oferta nueva, consolidar un cupo bajo y ganar tiempo para equilibrar economía, convivencia vecinal y derecho a la vivienda.
